Nations that adopt transitional justice measures, such as truth commissions and judicial prosecutions for past human rights violations, experience lower homicide rates and lower levels of criminal violence, according to new research led by University of Notre Dame Associate Professor Guillermo Trejo and published in the Journal of Peace Research.
In their study of 76 countries that transitioned from authoritarian rule to democracy between 1974 and 2005, the Notre Dame team also found that trials resulting in guilty verdicts is associated with lower homicide rates only when trials are jointly implemented with a strong truth commission. If new governments instead adopt amnesty laws that prevent prosecution for past human rights violations, this appears to stimulate criminal violence.
Along with co-authors Juan Albarracín from Universidad Icesi in Colombia, a former Notre Dame Kellogg Institute for International Studies Ph.D. fellow, and current Notre Dame Ph.D. fellow Lucía Tiscornia, Trejo examined why some countries transitioning from authoritarian rule to democracy, such as Brazil, Mexico or Honduras, experience a rise in criminal violence while others do not.
In authoritarian regimes, Trejo said, organized crime often stems from collusion between authorities who need to silence their opponents and the criminals who carry out political murders in exchange for impunity.
“The goal of people in charge of political policing in authoritarian regimes is to protect the regime, not citizens. They often torture and kill political dissidents or simply make them disappear with total impunity,” Trejo emphasized. “To reward these enforcers and to keep them loyal to the regime, autocrats often allow them to regulate, protect and profit from the criminal underworld; they facilitate the transformation of political impunity into criminal immunity.”
When these actors and networks of coercion, corruption and criminality survive the transition to democracy, societies often become very violent. But those ties can be broken. And Trejo and his colleagues found that — especially in Latin America — installing transitional justice measures to investigate, expose and prosecute authoritarian enforcers for past human rights violations can be an effective way to quell the outbreak of mass criminal violence.
“If a country looks back into those repressive actors and exposes and dismantles their networks of corruption and criminality, the chances that they will play a leading role in the production of criminal violence in a democracy drops dramatically,” Trejo said. “The joint pursuit of truth and justice generates what we call an accountability shock — a powerful state signal that there are consequences to the unlawful use of state coercive power — and this changes behavior of government officials and criminals but also, importantly, citizens who might not have spoken out before.”
Meanwhile, Trejo has helped develop a groundbreaking proposal for a national truth commission in his native Mexico, unveiled in July, to investigate alleged human rights atrocities committed by the government or organized criminal groups during Mexico’s 12-year war on drugs. The proposal is based on the successful experiences of countries including Guatemala, Colombia and Peru and aims to disrupt networks of collusion and corruption between security officials and drug cartels.
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Un estudio confirma que establecer comisiones de la verdad y medidas judiciales en regímenes postautoritarios reduce las tasas de homicidio
Los países que al transitar a la democracia adoptan procesos robustos de justicia transicional – como comisiones de la verdad y enjuiciamientos a perpetradores por graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la etapa autoritaria – experimentan tasas de homicidio y niveles de violencia criminal más bajos que los que ignoran un pasado represivo. Esta es la conclusión a la que llega la nueva investigación de un equipo liderada por Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame, publicada en la revista académica Journal of Peace Research.
En el estudio de 76 países que transitaron de un régimen autoritario a uno democrático entre 1974 y 2005, el equipo de Notre Dame también descubrió que los juicios por graves violaciones de derechos humanos que resultan en convicciones significativas de los perpetradores están asociados con menores tasas de homicidio solo cuando los juicios se implementan junto con una comisión de la verdad robusta. En cambio, si las nuevas autoridades de un gobierno democrático implementan leyes de amnistía que evitan el procesamiento por graves violaciones de derechos humanos, esto parece estimular la violencia criminal.
Junto con sus coautores, Juan Albarracín, profesor de la Universidad Icesi de Colombia y Lucía Tiscornia, estudiante doctoral de la Universidad de Notre Dame y del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, Trejo examinó por qué países como Brasil, México y Honduras experimentaron estallidos de violencia criminal al transitar a la democracia mientras que otros no experimentaron estos estallidos.
Según Trejo, en los regímenes autoritarios, el crimen organizado suele surgir de la connivencia entre las autoridades estatales que necesitan silenciar a sus oponentes y los criminales que llevan a cabo asesinatos políticos a cambio de impunidad.
“En los regímenes autoritarios, el objetivo de las aparatos de seguridad es proteger al régimen, no a los ciudadanos. A menudo torturan y matan a los disidentes políticos o simplemente los desaparecen con total impunidad”, recalca Trejo. “Para recompensar a estos agentes represores del Estado y que permanezcan fieles al régimen, los autócratas suelen permitirles a estos agentes regular, proteger y beneficiarse del submundo criminal; les permiten transformar la impunidad política en impunidad criminal.”
Cuando estos agentes estatales y sus redes de coerción, corrupción y criminalidad sobreviven la transición a un régimen democrático, las sociedades suelen tornarse muy violentas. Pero esos lazos pueden romperse. Y Trejo y sus colegas descubrieron (especialmente en Latinoamérica) que al adoptar procesos robustos de justicia transicional para investigar, exponer y procesar a agentes represores del Estado autoritario por graves violaciones de derechos humanos las nuevas democracias pueden evitar estallidos de violencia criminal a gran escala.
“Si un país mira a su pasado autoritario e investiga a esos agentes represivos y expone y desmantela sus redes de corrupción y criminalidad, la probabilidad de que estos actores se encuentren al frente de la producción de violencia criminal en una democracia es extremadamente baja,” expresa Trejo. “La búsqueda conjunta de la verdad y la justicia genera lo que llamamos un “accountability shock”: una poderosa señal desde el Estado mismo que muestra que el uso ilegal del poder coercitivo no quedará impune; y esto modifica el comportamiento de las fuerzas de seguridad del Estado y de los criminales, pero también el de los ciudadanos, quienes no habrían alzado la voz para denunciar el abuso estatal en un contexto de impunidad.”
En meses recientes, Trejo colaboró en el desarrollo de una propuesta para un proceso de verdad y memoria en México, la cual se dio a conocer en julio. Es una propuesta para investigar y esclarecer graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado y grupos del crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico en México en los últimos doce años. La propuesta se basa en las experiencias exitosas de países como Guatemala, Colombia y Perú, y propone identificar y desmantelar las redes de complicidad y corrupción entre los funcionarios de seguridad y las organizaciones criminales.
Contacto: Guillermo Trejo, profesor de ciencias políticas, +1 (919) 381-7659, gtrejo@nd.edu
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